En las últimas décadas, la conflictividad social en
nuestro país se ha mostrado como uno de los temas más sensibles y
preocupantes, y ha recibido atención creciente por parte de las
autoridades , los líderes, fuerzas políticas y, en general, la
opinión pública.
En algunas regiones
predominaron los conflictos armados; en otros, los conflictos desatados
por la presencia del narcotráfico (a veces en
entrelazamiento con el anterior); encontramos también conflictos
socio ambientales, principalmente aquellos surgidos a propósito de la
presencia de industrias extractivas; los conflictos laborales, aquellos
que involucran a pueblos indígenas, entre otros.
Estudios recientes del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han permitido conocer que en el Perú, Bolivia y Argentina son los países
con mayor incidencia de conflictos en América Latina (superior a los
200, entre 2009 y 2010)
Asi mismo, estas investigaciones han
puesto en evidencia algunas características comunes en toda la región:
la debilidad institucional del Estado, la
desigualdad social, protestas
sociales, entre otros.
En el caso del Perú, exite una mal llevada mesa de diálogo, ademas de una actuación por parte del gobierno precaria y tardía (es decir, cuando los conflictos ya se han
desatado, y lo frecuente en este caso, ha sido una actuación destinada
fundamentalmente a apagar fuegos “estado bombero”, junto con una desorganización politica. Esto asociado a, que el Estado no ha sido capaz de atender e integrar a importantes segmentos
de la población, ni de crear mecanismos para canalizar sus reclamos,
situación que se traduce en una serie de protestas y movilizaciones
sociales que presionan sobre este.
Ante esto, se ha ido desarrollando el “Taller
de Negociación Avanzada de Conflictos Sociales”, que forma parte del proyecto “Alianzas para el Diálogo: Prevención de
conflictos sociales en el uso de los recursos naturales”, una iniciativa del
PNUD y la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del
Consejo de Ministros (ONDS – PCM), que con el apoyo financiero del Ministerio
de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá se implementa desde el
2012.
En el
transcurso del 2012 y 2014, el proyecto ha brindado asistencia técnica y
fortalecido capacidades de funcionarios y servidores del, Ministerio del
Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Cultura, el
Ministerio de Agricultura, el Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental, la Autoridad Nacional del Agua y la Defensoría del Pueblo; así como
de los gobiernos regionales, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y de
actores clave de la sociedad civil (ONG, universidades, organizaciones
indígenas y empresas).
Este es el
primer proyecto de su tipo en América Latina, por lo que podrá servir de
ejemplo para implementarlo en otros países, para que los Estados reciben una
adecuada capacitación en estos temas y que cuenten con mejores herramientas
para desarrollar políticas favorables para el desarrollo de la paz en los
conflictos sociales.
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